Manifiesto

EN DEFENSA DE LA JUSTICIA SOCIAL Y CONTRA EL DESMANTELAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y DEL ESTADO DEL BIENESTAR

Tras más de nueve años, la profunda crisis/estafa económica, la pobreza y la exclusión se agudizan en la sociedad española. Que el estado social está más deteriorado en este período, es algo intuitivo, que todos los indicadores confirman. Y frente a esta situación, las políticas sociales, más necesarias que nunca, están en un retroceso generalizado, cuando no, en proceso de demolición.

El profundo deterioro del Sistema de Servicios Sociales

La continua y acusada demolición de los servicios sociales no es inofensiva, y tiene como consecuencia un incremento de las situaciones de pobreza y exclusión social. Así se pone de manifiesto al comparar los resultados del desarrollo del Sistema de Servicios Sociales con los indicadores que usa Naciones Unidas para medir la pobreza en países desarrollados.

El desmantelamiento del Sistema de Servicios Sociales puede sufrir en los próximos meses un golpe decisivo, con la aplicación de la Reforma de Régimen Local, que reduce las competencias locales a una mínima expresión.

Pero quizá lo más preocupante es la forma en que se están llevando a cabo estos recortes y estas reformas, ya que se ha tratado de modificar las claves conceptuales mismas del Estado Social. La desigualdad y la precariedad en las condiciones de vida actual, provocada por el sistema financiero capitalista-neoliberal y la acumulación de la riqueza cada vez en menos manos, nos está empobreciendo a todas y todos y está sirviendo como excusa al Gobierno de España para recortar la inversión social, echando por tierra las conquistas que en materia de educación, sanidad, justicia, protección social y servicios sociales hemos ido logrando.

El Estado de Bienestar, en el estado español, se asienta sobre cuatro pilares fundamentales: Sanidad, Educación, Pensiones y Sistema Público de Servicios Sociales. Pilares que ven tambalearse sus cimientos a causa de la aprobación de medidas que reducen el gasto social, que abogan por un modelo privatizador y que son sometidos a continuos desmantelamientos. Esto da lugar a un cambio en el modelo establecido en el que se disminuye tanto la cantidad como la calidad de la atención social que recibe la ciudadanía.

Los treinta años de desarrollo de los Servicios Sociales enmarcados en la defensa de los Derechos Sociales con criterios de universalidad, igualdad, redistribución y proximidad, están sufriendo una larga trayectoria de desmantelamiento y privatización en todas sus áreas. Por ello, es imprescindible un Sistema Público de Servicios Sociales que garantice los principios de igualdad, universalidad y responsabilidad pública que infunde el actual modelo de Servicios Sociales, con garantía de derechos para todos y todas y que se aleje de prácticas asistencialistas y graciables.

EN BASE A ESTA SITUACIÓN DE MALESTAR QUEREMOS

  • Un sistema social, donde todas las personas puedan disponer de los medios y recursos necesarios para vivir dignamente. Donde estén reconocidos los derechos sociales básicos como derechos subjetivos universales, exigibles legalmente por la ciudadanía y según la Declaración Universal de Derechos Humanos. En este nuevo modelo la riqueza del país, sea cual fuere su titularidad, debe estar subordinada al interés general (art.128 C.E.), al interés de la ciudadanía:
  1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.
  2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.
  • Un sistema donde la democracia sea real y participativa, donde los gobiernos no estén al servicio de las grandes corporaciones financieras, tal y como sucede actualmente.
  • Exigimos la modificación de la Constitución para que incluya el Derecho Fundamental de la ciudadanía a la cobertura del Sistema Público de Servicios Sociales, cuarto pilar del Estado de Bienestar. Retirada e incumplimiento de la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, para fijar estrictas limitaciones al déficit y a la deuda:
  1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.
  2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.
  • Defender lo público, lo de todas y todos. Políticas sociales y económicas que favorezcan el desarrollo de todas las personas, por el reparto de la riqueza y la garantía pública del cumplimiento de los derechos. Defendemos la intervención pública como garantía de derechos y de inversión social y económica para el futuro de la ciudadanía. Por el contrario, el servicio privado busca un beneficio económico, una rentabilidad en función de las leyes del mercado, y como resultado se comercializa con las dificultades y necesidades humanas más básicas.
  • Manifestar nuestro rechazo a los recortes en las políticas sociales de apoyo a las personas en situación de dependencia, a las personas enfermas, a la infancia, adolescencia, a las familias…y a todas aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social; a los recortes injustificables de presupuesto y de personal que se han llevado a cabo y, están produciendo un detrimento en la convivencia ciudadana y en la cohesión social, largas listas de espera, ayudas insuficientes para cubrir las necesidades básicas de la ciudadanía, sin expectativas de futuro y sin ilusión. Exigimos la no aplicación de las contra reformas realizadas que ponen en extinción los servicios sociales.
  • Una Renta Básica que suponga el derecho a todas las personas a recibir una cantidad periódica que cubra sus necesidades básicas y que se constituya como un derecho individual, universal e incondicional, con una cuantía suficientemente digna. En una primera fase inmediata afectaría a todas aquellas personas que no tengan cobertura por desempleo ni dispongan de otros ingresos.
  • Revisar la política de ingresos, eliminado los privilegios a las grandes empresas, promoviendo una fiscalidad progresiva, donde paguen más quienes más tengan, perseguir el fraude fiscal y no pagar la deuda pública. Exigir la inversión del gasto militar en necesidades y derechos sociales.
  • Un sistema público de seguridades sociales de gestión pública y colectiva. Por la titularidad y gestión pública de los recursos (aumento de plazas públicas en los centros), garantizando los recursos humanos y materiales necesarios para una atención de calidad, a la que todas y todos tenemos derecho.
  • Unos servicios sociales universales, como derecho subjetivo y participativo. Donde se ponga en el centro a la persona para el desarrollo personal y colectivo y no a los intereses del capital. Que se cumplan los objetivos de este sistema de bienestar social: redistribución y satisfacción de las necesidades para todas. Que garantice los derechos.
  • Defender la intervención social como una inversión social y económica, que genera justicia social; así priorizar la inversión social, dedicando más para el desarrollo y fortalecimiento de todos los servicios públicos. Implantar fórmulas de financiación objetivas, estables, justas y todo garantizado por Ley.
  • Defendemos una intervención social con profesionales, empleado público, bien preparada/o, para que acompañe a la ciudadanía en las diferentes etapas de su vida en las que pueda necesitar de un apoyo social, garantizando una continuidad y que dicho apoyo se dé en las mismas condiciones de igualdad para todas y todos.
  • Por un convenio colectivo unitario que englobe a todo el sector de la intervención social.

La tarea de la democracia social es doble y combinada: a) Poner coto a la desigualdad, las ventajas y los privilegios de unos pocos, y favorecer a las capas populares y al conjunto de la sociedad; b) incrementar la participación cívica, garantizar el respeto de las instituciones y élites políticas a los compromisos sociales y democráticos con la ciudadanía y llevar a cabo una profunda democratización del sistema político.

Sin igualdad socioeconómica hoy no se puede fortalecer la democracia: el sistema político, las élites gobernantes (con la correspondiente renovación), deben aceptar y recomponer un nuevo contrato social y político-democrático, en favor de las clases populares, así como el control y la restricción de los privilegios de los poderosos. Es decir, es ineludible avanzar en mayor igualdad social y mayor igualdad política, junto con más participación y libertades individuales y colectivas. La democracia no se puede separar de su contenido social.

El capitalismo financiero y ‘extractivo’ de las actuales élites dominantes impone la regresión socioeconómica y política y acentúa la crisis social y moral. Lo hace desde la coerción del llamado mercado (la propiedad privada de los grandes poderes económicos y financieros) y los aparatos estatales. Se avala por el Estado de derecho y los valores conservadores. La opción dominante de la gestión de la crisis es la autoritaria y regresiva, con la hegemonía del poder liberal-conservador.

Sin un cambio significativo de la articulación social y política en esos países centrales de la UE, es difícil el avance hacia una Europa más justa, más social y más democrática. Pero ese es el desafío: una construcción europea a través de la justicia social, la solidaridad y la integración, así como la participación democrática y popular frente al poder establecido.

Este manifiesto va dirigido a todas aquellas personas que, como nosotras estén comprometidas en esta lucha, a contra corriente, para recuperar una opinión pública mayoritaria a favor de los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Combatir conceptos y valores en la sociedad es tarea de largo recorrido; lo sabemos. Y tenemos enfrente toda la poderosa maquinaria mediática y de poder. Pero no hay excusa para no estar y perseverar en ello. Somos, ni más ni menos, un eslabón más en esta historia interminable en pos de una sociedad justa y solidaria, en la que todos los seres humanos seamos libres para construir y disfrutar de nuestros proyectos vitales. Una sociedad en la que tantos hombres y mujeres de todos los tiempos y en todos los lugares, han soñado y por la que han luchado. Vale la pena.

¡POR UNOS SERVICIOS SOCIALES PÚBLICOS Y DE CALIDAD!

¡POR LOS DERECHOS HUMANOS Y LA JUSTICIA SOCIAL!

¡NO A LA BENEFICENCIA, NO A LA CARIDAD!

¡SIN SERVICIOS SOCIALES NO HAY JUSTICIA SOCIAL!

 

 

 

 

 

 

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